REVISTA ENFOQUES

Abogado – Escribano (U.B.A.)

Profesor Regular Asociado, Instituciones de Derecho Privado, Ftad. de Cs.Económicas U.B.A.

Profesor Adjunto Derecho Comercial y Postgrado,

Ftad. de Derecho U.B.A.

Secretario Instituto Derecho Societario Cgio. Público de Abogados C. Fed.

Ex jefe Dpto. Legal Dcción. Personas Jurídicas de la pcia. de Bs. Aires.

Miembro de Curá, Guaglianone y Petito - Abogados

Contadora Pública, especializada en sindicatura concursal

Integrante de la Comisión Procesos Concursales CPCECF

Comisión de Asuntos Institucionales del Club Boca

Juniors.

Sala Concursal e Instituto de Derecho Comercial Univ. Notarial Arg.

Integrante del Foro Derecho y Deporte

Miembro de Golubok – Langone & asoc.

El necesario desarrollo de la empresa en condiciones de competitividad constituye hoy imperativo económico que lleva a revisar tradicionales posturas que rechazaron los acuerdos de accionistas por vulnerar la libertad de voto en las asambleas, afectar el interés social o colocar a las mayorías en posición de abuso.

Sirve a la cuestión, que anticipa el título de esta nota, la doctrina que dimana del fallo pronunciado en el caso "Waroquiers", suscripto por el Juez en lo Comercial Bargalló, sustentada en la licitud de los llamados pactos de sindicación, o acuerdos celebrados fuera de la sociedad por el que los otorgantes se obligan a actuar de determinada manera dentro de la sociedad y así influir, directa o indirectamente, en el negocio societario. Como bien resume Roca , el pronunciamiento confirma al convenio de accionistas como uno lícito, de carácter llamado parasocial, expresión ésta que el Autor entrecomilla, marginal a la estructura societaria que da vida a las acciones y que no depende, en cuanto a su legitimación, de ninguna incorporación estatutaria ni de su eventual inscripción registral. Es la aplicación en nuestro derecho, sigue diciendo, de la doctrina que destaca la separación en dos campos de las relaciones jurídicas entre los socios; aun en el supuesto de que todos los socios participen en el contrato parasocial, será éste la fuente de las relaciones en uno de los campos, mientras que en el otro, derivarán del contrato social y, en principio, permanecerán insensibles a la primera. Se subraya el carácter lícito, en tanto no prohibido por la ley (art. 18, doctrina, Código Civil).

Fluye de la inexistencia de una prohibición legal y su carácter de acuerdos "parasocietarios", lo que predica su válida existencia al margen de la estructura societaria del ente al que corresponden las acciones alcanzadas por el acuerdo. Criterio inicialmente sostenido por Halperín, en tanto el acuerdo fuera de carácter ocasional y para determinados temas, consolidado luego a partir del caso "Sánchez c. Banco de Avellaneda". Pronunciamiento rector en la materia, donde, con primer voto del Juez Anaya, se sostuvo que los pactos, considerados en sí mismos, pueden presentar flancos para la impugnación por parte de la sociedad o de terceros, en tanto de sus propios términos resulte, siquiera directa o implícitamente, que se encuentran encaminados a perseguir finalidades en pugna con la causa u objeto societario o inspirado en móviles lesivos para el interés social o destinados a favorecer a los accionistas sindicados o a terceros en detrimento de los demás socios o en supuestos análogos que puedan importar afrenta a los llamados intereses de categoría. De no ser ello así, la impugnación no podrá referirse al pacto en sí mismo, sino, en todo caso, enderezarse contra las singulares actuaciones de los sindicados cada vez que estos hayan realizado o hecho posible la comisión de actos lesivos a la sociedad o perjudicado a otros accionistas. El interés del accionista y la estructura misma de la sociedad incita a buscar reagrupamientos para elaborar una política común y estable, conduciéndolo a convenciones de voto cuyo límite está dado por la preeminencia del interés social.

La profunda personalización de las relaciones entre las partes, que se traduce en restricciones a la libre transmisibilidad de las participaciones sociales, permitiendo a los sindicados acordar la implementación de políticas empresarias, en el ámbito de los derechos disponibles, permiten considerar que dichos convenios tienen un marcado acento personal. Carácter que responde al principio de autonomía de la voluntad, tan originados en la decisión de dos o más accionistas, a fin de diseñar reglas y comportamientos comunes, regentes de sus relaciones frente a la sociedad.

Este tipo de acuerdo produce efectos jurídicos solo entre las partes, y no respecto de la sociedad emisora de los títulos o de terceros. Es principio recibido que, en cuanto a su existencia y cumplimiento, res iner alios acta tertiis nec nosent, nec presunt, solo vincula a los socios parte de él. Regla básica impuesta desde el tiempo de los romanos, en cuanto las convenciones entre las partes no engendran para los terceros ni derechos ni obligaciones.

Más allá de que nuestra legislación no habilita tal oponibilidad, se desvirtuaría el sentido y la función inherente a los contratos parasociales, equiparándose su eficacia a la del ordenamiento corporativo.

Puestos a pensar sobre los propósitos que animan su celebración, se encuentra: la vocación de unidad del grupo, en orden a la toma de decisiones previo a la asamblea; determinación de los objetivos sociales en el pacto; distribución equitativa de las funciones en los órganos de administración y fiscalización; impartir instrucciones a los administradores y gerentes; permitir el ingreso de accionistas con iguales propósitos; adoptar decisiones que luego prevalecerán en la asamblea.

De allí no cabe admitir la negativa de la sociedad emisora de inscribir una transferencia de acciones en su registro, con apoyo en la existencia de un pacto que se aprecia violado, en tanto carecería de respaldo mormativo en nuestro derecho y transgrediría una disposición específica de la legislación societaria (art. 215 LSC). La sindicación no es inherente a la existencia de la acción y no se transmite, activa o positivamente, junto con la titularidad de la acción.

La consideración de contrato inherente a la persona los coloca en la excepción de transmisión de efectos a herederos y sucesores universales, tal cual lo dispone el cód. civ., 1195.

Así fue sostenido por Nissen, al considerar que si bien la muerte de uno de los sindicados no implica la extinción del pacto, salvo convención en contrario, continuando el pacto con los sindicados sobrevivientes, no existe la posibilidad de proyectar los efectos del convenio sobre los herederos del sindicado fallecido, aun cuando en el pacto se haya estipulado la obligación de

Incorporación de los mismos, salvo expresa adhesión por parte de éstos, habida cuenta el carácter de terceros que los mismos revisten y la inadmisibilidad de considerar a ellos como continuadores de la persona del causante en los términos del art. 3410 del Código Civil.

La anotación del acuerdo en el Libro Registro de Acciones no importa exteriorización registral que lo torne oponible a terceros, en tanto la legislación no contempla su registración ni su publicidad, en tanto su carácter parasocial lo margina del sistema de publicidad registral, y el consecuente efecto de oponibilidad a terceros. Opinión que encuentra eco en la de Rossi, quien a la par de apoyar su posible registración a semejanza de los reglamentos, conforme los artículos 5 y 167 de la Ley de Sociedades Comerciales, afirma que una atestación en el registro de accionistas, a tenor de lo dispuesto por el artículo 213 6º LSC, en cuanto debe asentarse cualquier mención que derive de la situació n jurídica de las acciones, no es suficiente por sí sola para oponer el sindicato a terceros. En tal caso, dicha oponibilidad sería a la sociedad que emite las acciones y a los restantes accionistas no sindicados.

Sindicato de mando o de voto: combinación de derechos de voto que a cada uno corresponden a fin de influir en la vida social según los lineamentos impartidos por la mayoría de las acciones sindicadas a su vez pueden clasificarse en sindicatos de mando propiamente dicho y sindicatos de defensa. También se citan: con o sin depósito de los títulos; ordinarios o de voto plural; por un único acuerdo social, por tiempo determinado o indeterminado; voting traust, contrato de report o contrato de arriendo.

Sindicato de bloqueo: dirigido a establecer restricciones a las transferencias de las acciones sindicadas a terceros no signatarios del acuerdo de sindicación.

Sindicato financiero: prescinden de la existencia de la sociedad y se detienen en la existencia del título, reconociendo al título valor patrimonial y no un medio para administrar la sociedad.

En igual sentido se ha dicho en el caso "Tejera", con voto de la Juez Piaggi, adhiriendo a la posición de Anaya, que bajo la sindicación se encuentran regidos complejos acuerdos de accionistas, contrato parasocial o extrasocial, que vincula a todos o algunos accionistas de la sociedad con el objeto de ejercer los derechos emergentes de los títulos de su calidad de socio. Los acuerdos sociales, si bien no legislados, son válidos pero resultan –en principio- inoponibles a la sociedad de la que participan los celebrantes.

Por la sala E del tribunal mercantil se sostuvo, con rigor ulteriormente atenuado por la doctrina, que los pactos son válidos siempre y cuando el entendimiento entre los accionistas se halle encauzado hacia la formación de una voluntad expresada en asamblea y en tanto conlleve a la elaboración de una política común y estable. Como principio, la única limitación a dicha validez consiste en el respeto y la preeminencia del interés social. Resultan como regla lìcitos y su licitud estará dada en el caso en que se hallen encaminados al logro de fines en pugna con la causa u objeto de la sociedad o destinados a favorecer a los accionistas sindicados o a terceros en detrimento de los demás socios. Es esencial, a fin que el pacto resulte operativo, que el mismo se instrumente con un objeto preciso y determinado, para una asamblea en particular, caso contrario carecería de validez para anular la voluntad individual de los suscriptores, toda vez que los mismos no se hallan en posición de conocer cuáles serían los temas que se debatirán en el futuro

A su turno, el tribunal contencioso administrativo juzgó que la sindicación de acciones no tiene personalidad ni legitimación para estar en juicio, donde la conjunción de voluntades alcanza al ejercicio del derecho de sufragio, mas no implica la existencia de una asociación.

Se encuentra sujeta a este tributo, la tenencia de los activos analizados, por personas físicas o sucesiones indivisas del país. La valuación deberá efectuarse al 31/12 de cada año de acuerdo a las disposiciones plasmadas en la ley del impuesto.

La alícuota aplicable varía entre el 0.50% y el 75 %, según que el valor de los bienes sujetos a impuesto exceda del mínimo exento ($ 102.300) en hasta $ 200.000.- o en más de esta cifra.

Respecto de los sujetos del exterior, el artículo 26 de la ley del impuesto indica que la tenencia de estos activos por una persona física o sucesión indivisa del exterior no quedará incidida por el impuesto.

Sin embargo, cuando la titularidad de estos bienes corresponda a un sujeto empresa del exterior, radicado en un país que no aplique un régimen de nominatividad de títulos valores privados, se presumirá sin admitir prueba en contrario, que los referidos bienes pertenecen a personas físicas o sucesiones indivisas del país. Por tanto, sujetos al impuesto, debiendo la sociedad emisora de los respectivos títulos ingresar, con carácter de pago único y definitivo el impuesto que corresponda a los bienes comprendidos en la presunción, aplicando la alícuota del 0.75 % incrementada en un 100 % sobre el valor de los mismos conforme a las disposiciones de la ley.

Por último, las modificaciones introducidas por la ley 25.360 (B.O.12/12/2000), eximen del impuesto sobre los bienes, a las tenencias de acciones de sociedades anónimas o en comanditas del país que coticen en Bolsas o Mercados locales, por hasta un valor de $ 100.000.-

ESQUEMA DEL CONVENIO DE

SINDICACION DE ACCIONES

Se inserta, a modo de síntesis de lo expuesto y siguiendo el criterio sustentado por Hugo E. Rossi, cuadro comparativo de ventajas y desventajas del instituto.